RIVIERA MAYA, a 03 de noviembre. - La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) calificó de impreciso y ambiguo el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito a las playas.
“No estamos en contra de libre acceso a las playas, sin embargo si se permite un acceso desordenado que no esté vigilado y regulado adecuadamente, puede traer un perjuicio importante a los bienes no solo de los particulares, sino de la nación y representar un peligro para el medio ambiente y la sustentabilidad de los mismos”, señaló la agrupación hotelera presidida por Toni Chaves en relación a estas reformas emitidas por el Ejecutivo y que entraron en vigor el pasado jueves 22 de octubre.
El organismo empresarial, que reúne a 135 hoteles con más de 34 mil habitaciones en la Riviera Maya, señaló estar a favor de generar una regulación más adecuada que se encuentre apegada a la realidad, que brinde certeza jurídica tanto a las autoridades como a los particulares y a los propietarios de una concesión.
“Los hoteleros propugnamos siempre para que se logre un aprovechamiento regulado y sustentable de tan importante patrimonio natural para todos los habitantes del país”, añadió la AHRM sobre este decreto que establece que “el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”.
Sin embargo, para el organismo turístico estas adecuaciones “es indispensable promover que los ayuntamientos habiliten las ventanas al mar en términos de la ley, este decreto parece pasar esta responsabilidad del estado a los particulares, además se prioriza el esparcimiento sobre un derecho fundamental, el derecho a la propiedad privada.”
La modificación del artículo 127, del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo y Terrenos Ganados al Mar, señala que en caso de que no existan accesos desde la vía pública al mar, los propietarios deberán permitir el libre acceso de la misma a través de los accesos que convenga con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediando compensación en los términos que fije el reglamento.
Toni Chaves preciso que en las modificaciones a la ley para permitir el acceso a las playas, no fue tomado en cuenta el sector hotelero y el resultado fue una legislación con vacíos, pues no establece cómo permitirán los particulares el acceso desde su propiedad.
"El Decreto aprobado recientemente, la responsabilidad de abrir los accesos al mar donde no haya se lo dejan a los particulares, cuando en la ley dice que dicha responsabilidad es de los municipios, lo que evidencia la deficiencia administrativa en la aplicación de la norma y no de un problema de vacío legislativo", comento.
La AHRM advierte que este acto “vulnera los derechos constitucionales más elementales de propiedad", aspecto que resulta más lesivo para la sociedad que las supuestas limitaciones al disfrute de las playas que pretenden remediar, que como se ha dicho, siempre fue responsabilidad de las autoridades competentes, lo anterior, independientemente de que la redacción del referido decreto, no es clara y en muchos casos ambigua, lo que indefectiblemente tendrá por resultado un sin número de abusos y controversias generando más daños a derechos fundamentales de los que se intenta evitar.
"La problemática de fondo se resuelve con la aplicación de la ley anterior, y no por medio de una labor legislativa que concede derechos irrestrictos de acceso a la playa para esparcimiento por encima de los derechos humanos referidos a la propiedad privada”, agregó.
“Estas reformas carecen de toda lógica jurídica, además de que violan flagrantemente los derechos humanos consagrados en la Constitución”, señaló la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), organismo reúne a 100 asociaciones filiales incluyendo a los hoteleros organizados de la Riviera Maya.
El organismo nacional envío una carta al Senador Antonio García Conejo, Presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, para mostrar su inconformidad por estas reformas planteadas a la Ley General de Bienes Nacionales.
Entre los puntos que rechaza son el pretender desconocer los derechos adquiridos de los titulares de concesiones, permisos y autorizaciones de Zonas Federales Marítimos Terrestres, se pretende legalizar la intromisión al domicilio privado, no establecen reglas claras para que se garantice el acceso a las playas y las multas y revocación que se pretenden imponer resultan ruinosas en relación con el fin que se persigue.
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