CHETUMAL, QUINTANA ROO, 11 de marzo.- Para contribuir con el desarrollo social y económico del estado, el Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley de Turismo de la entidad, con las que se busca incorporar el concepto de patrimonio turístico, así como los lineamientos para su debida programación, fomento y desarrollo.
En la sesión ordinaria número 8, presidida por la diputada Eugenia Solís Salazar, el Pleno de la XV Legislatura del estado, aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la fracción II del Artículo 3, la fracción III del Artículo 6 y se adiciona la fracción XXIII del Artículo 4, todos de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo.
La reforma, que fue promovida por la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, establece dentro de las atribuciones del Ejecutivo del estado, por conducto de la Secretaría de Turismo, la programación, fomento y desarrollo del patrimonio cultural del estado, así como sus manifestaciones culturales, artísticas e históricas.
A través de las reformas se busca diversificar el turismo por medio de la promoción, la inversión, reacondicionamiento e infraestructura, a los recursos naturales y culturales con que cuentan las zonas sur y centro, para lograr una sinergia entre las zonas del estado y dinamizar la economía.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, para tipificar el delito de venta y/o distribución ilícita de bebidas alcohólicas.
Se trata de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el Capítulo VIII denominado “Venta y/o distribución ilícita de bebidas alcohólicas” y el artículo 220 sexies, al Título Tercero “Delitos contra la Administración Pública” de la Sección Cuarta “Delitos contra el Estado” del Libro Segundo “Parte Especial” del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
En entrevista posterior a la sesión ordinaria, Martínez Arcila explicó que la iniciativa busca combatir la venta clandestina de bebidas alcohólicas que se pudiera generar a raíz de las recientes reformas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, para normar los horarios de venta y distribución de dichas bebidas.
Las modificaciones al Código Penal tienen como propósito establecer sanciones ejemplares contra aquellos que vendan alcohol sin tener el debido permiso por parte del Estado.
La sanción que se propone es: prisión de seis meses a un año y de 150 a 200 días multa. La propuesta contempla que la pena se duplique cuando se vendan o distribuyan bebidas alcohólicas a menores de 18 años, aún cuando se efectúe en los establecimientos y horarios autorizados.
Finalmente, el Congreso aprobó acuerdos remitidos por diversas comisiones ordinarias de la H. XV Legislatura del Estado.
